viernes, 12 de diciembre de 2008

Programa de Radio - Voces de la Historia


Voces de la Historia - Red de Objetores de Conciencia


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El Área de Producción del CEADL- Invita

Video - Masacre de las Bananeras

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 60 años después Una Convocatoria Imprescindible

Han pasado seis décadas desde que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas subrayara que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Sin embargo, el mundo está en emergencia.


La lógica depredadora, excluyente, explotadora, racista y patriarcal del capitalismo es incompatible con la afirmación y la reproducción de la vida plena y la satisfacción de las necesidades humanas. Las pretensiones de dominación, las guerras de conquista por el control de los recursos naturales, la agresión contra la naturaleza y la persistencia de un orden económico internacional profundamente injusto ha colocado al planeta al borde de una catástrofe irreversible.


Los patrones de producción y consumo irracionales e insostenibles del capitalismo, agravados hoy por la crisis, privilegian a unos pocos al precio de la pobreza, el hambre, el analfabetismo y la desesperanza de miles de millones de personas.


La militarización y la llamada guerra global contra el terrorismo han conducido a las más flagrantes violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Las guerras son responsabilidad de los estados y son practicadas tanto por sus ejércitos regulares como por mercenarios que realizan la mayor parte de las actividades ilícitas para evadir las sanciones jurídicas o sociales. Se crean así zonas de vacío jurídico donde no se reconocen derechos a los considerados sospechosos, ni culpabilidad de los represores, que gozan de total impunidad.


Fente a esta realidad, los intelectuales, artistas, periodistas, líderes sindicales, parlamentarios, religiosos y luchadores sociales, reunidos en La Habana, en el Taller Internacional “LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 60 AÑOS DESPUÉS”, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por conquistar y ampliar los derechos para todos y todas y con el fortalecimiento de una cooperación internacional genuina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos y en todas las otras instancias que consideremos apropiadas.


Ratificamos la interdependencia, indivisibilidad, universalidad, objetividad y no selectividad de todos los derechos humanos de los pueblos y de las personas. Defendemos por igual los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales y sexuales; el derecho a la soberanía, a la libre determinación de los pueblos, a la paz, a la justicia, a un ambiente sano, a un orden internacional democrático y justo, y a la solidaridad internacional.


Condenamos las guerras de agresión, la existencia de armas de destrucción masiva, la ocupación militar de países y territorios, y el colonialismo en pleno siglo XXI; la exclusión y criminalización de los pueblos originarios, las prácticas de tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el encarcelamiento y el asesinato de luchadores sociales y políticos, y otras violaciones que se han cometido y cometen en varias partes del mundo, y rechazamos toda forma de impunidad para sus responsables.


Reafirmamos el derecho de todos y todas al acceso sin discriminación a la salud, al empleo digno, la educación, la vivienda, la alimentación sana, la tierra, el agua y otros bienes esenciales.


Ratificamos los derechos de la naturaleza y de los territorios de los pueblos ante la embestida de empresas transnacionales saqueadoras y denunciamos la acción de agencias de contrainsurgencia encubiertas, como la USAID y la NED.


Demandamos la auditoría y anulación de las deudas ilegítimas, ya pagadas varias veces con la sangre y el sudor de los pueblos, y destinar esos recursos a saldar la enorme deuda social y ecológica contraída con las mayorías excluidas.


Exigimos que se juzgue a George W. Bush, a sus cómplices y a todo lo que representan por crímenes de lesa humanidad en los tribunales internacionales y populares.


Reclamamos el cierre inmediato de la Escuela de las Américas, de los centros de detención clandestinos y del campo de concentración y torturas que Estados Unidos mantiene en la base naval que ocupa en el territorio cubano de Guantánamo y que se reconozca la soberanía del pueblo de Cuba sobre esa porción de su suelo.


Junto con la exigencia de libertad para todos los activistas sociales presos por mandato del capital, demandamos la inmediata liberación de los cinco luchadores cubanos contra el terrorismo, que han cumplido ya más de una década de injusto y cruel encierro en cárceles norteamericanas, y de los tres portorriqueños presos por defender la independencia de su país.


Reivindicamos nuestro derecho al acceso y a la producción de la información, así como a un flujo informativo verdaderamente democrático, responsable y objetivo frente al control monopólico de la industria de comunicación. El acceso a la verdad constituye un derecho irrenunciable.


En el 50 Aniversario de la Revolución Cubana, nos sumamos al reconocimiento por los esfuerzos y la lucha de este pueblo que construye una vida digna, bajo la agresión y la hostilidad permanentes. Exigimos el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Manifestamos nuestra admiración por la obra de solidaridad de cubanos y cubanas con millones de seres humanos de todo el planeta.


Ratificamos nuestra solidaridad con los pueblos y gobiernos empeñados en procesos de cambio social, por la independencia, autodeterminación y una vida más justa. Apoyamos el derecho del pueblo de Puerto Rico a su independencia.


Trabajaremos juntos en la reconceptualización de los derechos humanos como parte de los derechos de todas las formas de vida y nos comprometemos con un programa de lucha que no se limite al legado de la declaración de la ONU, sino que incorpore como sujetos de derecho a las comunidades, a los pueblos originarios y afrodescendientes, a los movimientos sociales y a la propia naturaleza. Luchar hoy por derechos humanos, implica una defensa integral de la vida, de las historias, territorios, cosmovisiones y culturas de los pueblos y de sus modos de hacer y vivir. Implica superar el capitalismo.


Convocamos a todas las personas de buena voluntad a defender juntos un mundo en el que prevalezcan la justicia, el humanismo, la paz, el respeto a la dignidad, la solidaridad y la igualdad de todos los pueblos y de todos los seres humanos en armonía con la naturaleza.


La Habana, 10 de diciembre de 2008.

Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://movimientos.org/


Será nuestro el petróleo


Brasil
Frei Betto

Los movimientos sociales y sindicales presionan para que se cancele la licitación, prevista para el 18 de diciembre en Rio de Janeiro, de las áreas de exploración y producción de petróleo y gas natural en Brasil.

El modelo de exploración vigente es una de las herencias neoliberales que aún persisten en la administración federal. En 1997 el Congreso Nacional aprobó la Ley 9.478, a iniciativa del gobierno de Cardoso, que rompió el monopolio estatal de la exploración y producción de petróleo, abrió el capital de Petrobras (la privatizó parcialmente, al vender el 30% de sus acciones en la bolsa de Nueva York) y permitió la entrada de las transnacionales para explorar petróleo y gas en Brasil.

Desde entonces el gobierno federal ya subastó 711 bloques petrolíferos en áreas terrestres y marítimas, de un total de 3.383 áreas sacadas a licitación. Hay 72 grupos económicos privados actuando en el país en actividades de exploración y producción de petróleo y gas, la mitad de los cuales son transnacionales, como Shell (angloholandesa) y Repsol (española).

Creada durante el gobierno de Cardoso, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) es responsable de realizar las licitaciones, incluso en zonas con probables reservas. Por ello el petróleo y el gas del pre-sal(*) no son íntegramente del pueblo brasileño. Casi un 25 % de las reservas confirmadas en el pre-sal, subastadas a precios irrisorios, ya son propiedad de empresas privadas, incluso extranjeras.

Según estimaciones de la ANP, las reservas en la zona del pre-sal representan, por lo menos, 50 mil millones de barriles de petróleo y gas; podrían llegar a los 80 mil millones. Las reservas conocidas actualmente en Brasil suman cerca de 14 mil millones de barriles de petróleo y gas. Hoy la producción mundial de petróleo es de 85 millones de barriles al día.

El descubrimiento de petróleo en la zona de pre-sal puede colocar al Brasil como poseedor de la tercera mayor reserva del mundo, solamente por detrás de Arabia Saudita y Canadá. Y, sumadas las reservas de Venezuela, Ecuador y Bolivia, fortalecen la posición sudamericana en relación a las potencias económicas del hemisferio norte.

Seis países controlan más del 80 % de la oferta mundial de gas y petróleo: Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Rusia, Venezuela e Iraq. A excepción de Arabia Saudita y Kuwait, todos tienen problemas políticos con los Estados Unidos, lo que tensiona permanentemente la oferta.

El petróleo y el gas natural constituyen más del 50 % de la matriz energética global. Sin embargo, las reservas mundiales comienzan a presentar síntomas de agotamiento. Los cambios estructurales en la matriz energética tardan más de 20 años para que se den, lo cual prolonga la dependencia de la humanidad de este importante recurso natural.

En la guerra por el petróleo en el mundo se da un auténtico “valetodo”. Las empresas transnacionales manipulan los medios de comunicación, corrompen gobiernos y utilizan fuerzas militares (como en la invasión de Iraq y en la reactivación de la IV Flota del comando naval de los Estados Unidos en América Latina) para mantener bajo su control las fuentes de energía.

Los descubrimientos de petróleo y gas natural en la zona pre-sal plantean un gran desafío: decidir cómo, para qué y a qué ritmo explorar y producir las inmensas reservas petrolíferas que pueden transformar profundamente la economía y el rumbo del desarrollo nacional.

El presidente Lula ha defendido que esa riqueza sea invertida en educación y ayude a nuestro pueblo a librarse de la pobreza. Es necesario que se debata y se apruebe una nueva ley del petróleo para superar el “marco regulatorio” de la época de Cardoso y se establezca un nuevo pacto federativo a partir del justo reparto de los impuestos y royalties ocasionados por la actividad petrolífera entre municipios y estados (ahora el 62 % de los recursos del país procedentes del petróleo son apropiados por apenas nueve municipios de Rio de Janeiro).

Para garantizar que las riquezas del pre-sal beneficien al pueblo brasileño, y no sólo terminen en lucros apropiados por empresas privadas, nacionales o extranjeras, se están recogiendo firmas para presentar al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Iniciativa Popular que consolide el monopolio estatal del petróleo, el fin de las concesiones para exploración de las reservas, el destino social de esas riquezas y el fortalecimiento de Petrobras en tanto que empresa eminentemente pública.

Para que se convierta en un proyecto de ley se necesitan 1,300.000 firmas, según lo prevé la Constitución. Por lo cual es fundamental la participación de toda la población. Modelos para firmar y más informaciones pueden obtenerlas por Internet en: www.presal.org.br. (Traducción de J.L.Burguet)

(*) Pré-sal: gigantesca reserva de petróleo y gas en el litoral, en los estados de Santa Catarina y Espíritu Santo, situada debajo de una enorme plancha de sal de unos dos mil metros de espesor, por tanto situada a unos 5-7 mil metros de profundidad, difícil de extraer.

- Frei Betto es escritor, autor de “Calendario del Poder”, entre otros libros.

lunes, 8 de diciembre de 2008

Bolivia estará el 16 de diciembre ante el Ciadi por arbitraje internacional de ETI

La Paz, 07 dic (ABI).- El Gobierno boliviano estará el 16 de este mes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en el cual expondrá sus argumentos de que esta instancia no es tribunal para atender el recurso de arbitraje que interpuso a Bolivia la multinacional Euro Telecom International (ETI), ex accionista mayoritaria de la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

Así lo confirmó este domingo el ministro sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce Zaconeta, quien dijo que la primera audiencia se realizará en La Haya, Holanda.

"El día 16 de diciembre, la siguiente semana, hay la primera audiencia de organización del arbitraje en La Haya, en Holanda, a la que asistirá el Estado boliviano, en la cual se pondrá de manifiesto, la posición boliviana, de rechazo absoluto al registro de esta demanda (de ETI) ante el Ciadi", señaló Arce Zaconeta.

La autoridad ratificó que el recurso de arbitraje no corresponde ser tratado por el Ciadi, puesto que Bolivia decidió soberanamente retirarse del mismo en mayo de 2007.

Arce también recordó que la intervención a Entel concluyó y que sus resultados serán dados a conocer en los próximos días.La empresa de telecomunicaciones estuvo intervenida durante siete meses para garantizar su funcionamiento luego de ser nacionalizada el 1 de mayo de este año.

El 12 de octubre de 2007, el Ciadi aceptó una solicitod de arbitraje de ETI, contra Bolivia, haciendo conocer su queja ante esa instancia por la aprobación de normas que transferian acciones de ENtel, administraas por las Administradoras de Pensiones (AFP), al Estado y la creación de una comisión encargada de recuperar la propiedad de la empresa.

CAOI: propuesta Indígena Andina sobre la IIRSA


[ Autor: CAOI – Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas]


Carta Abierta sobre la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) a sus responsables políticos (gobiernos sudamericanos) y financieros (CAF, BNDES, Unión Europea, Fonplata, Santander)


La IIRSA son diez ejes de supuesta "integración y desarrollo" con 507 proyectos de transporte, energía y telecomunicaciones, con 68,910 millones de dólares de inversión y vinculada al Plan Puebla Panamá. Reduce a nuestros países al rol subordinado de proveedores de materia prima para las transnacionales. Provoca impactos sociales, económicos, ambientales y culturales; la violación de derechos humanos; la destrucción de la Amazonía, Pantanal, Andes y Chaco, dañando territorios indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones.

Somos hijos de la Madre Naturaleza, no sus dueños ni dominadores, vendedores o destructores. Nuestra vida depende de ella y por eso construimos alternativas al neoliberalismo, basadas en el "Bien Vivir" como armonía entre sociedad, naturaleza, espiritualidad y vida, lo que está lejos de la IIRSA, que nos reduce a zonas "de tránsito" de mercancías, huecos mineros y ríos muertos de petróleo. Se necesita infraestructura pero para la Vida y no para ver pasar camiones o barcos de las transnacionales. Que se priorice nuestra producción y necesidades sociales comunitarias y no generar más deuda externa por el falso desarrollo del asfalto, cemento y fierros, que provoca una forma de deuda externa ilegítima para nuestros países.

Es un escándalo que todo esto no se discuta en forma transparente y se organice reuniones como la de Cartagena (2 al 5 de diciembre) donde se oculta la realidad de los impactos a la opinión pública y se presentan falsos y cuestionables "casos exitosos" para buscar financiamiento internacional. Alertamos a los bancos multilaterales que estas inversiones son riesgosas porque se harían encima de fuertes conflictos sociales.

Proponemos a los gobiernos:


1) Abrir la discusión técnica, pública e independiente sobre la IIRSA, para procesar su reestructuración integral, sobre la base de la consulta y consentimiento previo, público, vinculante, informado y de buena fe con las comunidades afectadas, en cumplimiento del Convenio 169-OIT y la Declaración ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.


2) Una IIRSA que no sea cómplice de la hecatombe ambiental global destruyendo ecosistemas claves para la humanidad y las culturas indígenas que los hemos conservado.


3) La responsabilidad de un programa de impacto gigantesco para Sudamérica debe estar bajo el máximo control político y social.


4) La administración de la IIRSA por la banca multilateral liderada por el BID y la CAF ha fracasado y por eso la IIRSA debe pasar al ámbito del UNASUR con participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas.


Es urgente un diálogo con los responsables políticos de la IIRSA, que son los gobiernos sudamericanos, los financiadores como la CAF, BID, Unión Europea, Fonplata, BNDES, Santander; para tratar nuestras propuestas y transparentar la información de la IIRSA, y que la reunión de Cartagena debe resolver y respondernos lo antes posible.


CAOI – Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas


Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI * Confederación de los Pueblos Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI * Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC * Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina, ONPIA * Confederación Campesina del Perú, CCP * Asociación Nacional de Maestros en Educación Bilingüe del Perú, ANAMEBI * Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu, CONAMAQ * Confederación Sindical Única Trabajadores Campesinos de Bolivia,CSUTCB * Federación Nacional Mujeres Indígenas Originarias Bartolina Sisa * Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, CIDOB * Consejo de Todas las Tierras (Chile) * Organización Indígena Chiquitana, OICH * Asociación Comunidad Motilón Bari, ASOCBARI (Santander, Colombia) * Convergencia Nacional Maya Waqib 'Kej * Coordinadora Quechua Aymara del Sur del Perú.