La Paz, 21 oct (Delfín Arias Vargas / ABI).- Hace 18 años una columna conformada por los pueblos indígenas ingresaba a La Paz desde la región de los Yungas en demanda de tierra y territorio, y por una Asamblea Constituyente que los reconozca como bolivianos y garantice sus derechos largamente conculcados.
A los originarios de las tierras bajas del oriente, la amazonia y el Chaco, se sumaron los habitantes de las comunidades del altiplano, y en una muestra de unidad y fortaleza emplazaron al entonces presidente Jaime Paz Zamora, esos derechos.
No obstante, tuvieron que pasar seis gobiernos para que esos mismos pueblos, integrados en una histórica marcha y concentración en el centro político del país, hoy consiguieran lo que se propusieron.
“Atrás han quedado sufrimientos, esfuerzos, llanto, heridos, detenidos, muertos, pero hoy ese esfuerzo, ese esfuerzo de esa marcha, de esas miles de marchas de todos los bolivianos de los nueve departamentos que quisieron una nueva Constitución, hoy, ya no fue en vano”, sentenciaba el vicepresidente Álvaro García Linera.
Si la nueva Constitución comenzó a ser escrita en 1990, sus bases se construyeron durante las jornadas de octubre de 2003 en El Alto, cuando un pueblo movilizado expulsó a quienes habían enajenado las riquezas nacionales, pero pagó un alto precio por su dignidad: 65 muertos y más de 400 heridos.
Fueron 18 años de marchas de un pueblo, “que desde lo más profundo de la tierra, desde los barrios, desde los sindicatos, desde las universidades, desde las fábricas, desde las minas salió para decir que nunca más iba a haber una Bolivia sin la gente, sin los bolivianos, sin los trabajadores, sin la gente sencilla, sin la gente humilde”, reseña García. Linera. Pero el viejo sistema político no estaba dispuesto a allanar esa demanda y desde la misma convocatoria a la Asamblea Constituyente, el 6 de marzo de 2006, comenzó a germinar una estrategia para in viabilizarla.
Primero lograron el número suficiente de constituyentes y, con la fórmula de dos tercios de voto para aprobar todo el texto constitucional, impidieron durante meses que el Magno Foro pueda avanzar en los acuerdos. La mayoría quedó a merced de la minoría.
Luego vino la demanda de capitalidad plena para Sucre, pese a que nunca antes una Carta Magna había constitucionalizado esa reivindicación regional de Sucre. El oficialismo denunció entonces que se trataba de una nueva estratagema para que fracase el foro.
Una vez que el Asamblea aprobó el texto final en Oruro, el 9 de diciembre de 2007, tras los luctuosos hechos del 24 de noviembre en el barrio de la Calancha, Sucre, que costaron la vida a tres personas, la oposición atrincherada en cuatro departamentos impulsó la aprobación de estatutos autonómicos denunciados como ilegales, ya que no estuvieron amparados en ninguna norma en vigencia.
Pero la nueva Constitución no solo sopesó esos bloqueos, sino que enfrentó un proceso sedicioso cívico – prefectural entre agosto y septiembre pasados, cuyo fin fue el derrocamiento del presidente Evo Morales, tal como certificó a principios de octubre una delegación del Parlamento Europeo que visitó el país tras esos sucesos.
La subversión alcanzó su máximo nivel de violencia en el departamento de Pando, donde sicarios, presuntamente al servicio del ex prefecto Leopoldo Fernández, emboscaron y asesinaron al menos a 16 campesinos, entre ellos a un niño de apenas dos años.
Otros dos civiles también perdieron la vida en circunstancias todavía no establecidas, aunque versiones de prensa atribuyeron estas muertes a “campesinos armados”.
Antes de que la conspiración se manifieste con la toma y saqueo de instituciones estatales en Santa Cruz, Trinidad, Tarija y Cobija, el 10 de agosto el pueblo aprobó el proceso de cambio y a la nueva Carta Magna. El 67.4% de los bolivianos le dijeron sí al proceso que lidera el presidente Evo Morales.
En ese contexto y raíz de la masacre de Pando, es que se demandó la intervención de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) que expresó un contundente respaldo al Presidente constitucional y condenó todo intento de golpe de estado y desestabilización del gobierno legalmente constituido.
En ese marco es que se retomó el diálogo gobierno – oposición que culminaría la tarde de este martes 21 de octubre con la promulgación presidencial de la Ley de convocatoria al referendo dirimidor y aprobatorio del proyecto de nueva Constitución Política del Estado para el 25 de enero de 2009.
El trabajo que no realizó la oposición en los 16 meses que duró la Asamblea Constituyente para conciliar artículos del nuevo texto constitucional, fue asumido, primero por los prefectos en las mesas de diálogo en Cochabamba y, en las dos últimas semanas, por delegados políticos de los partidos con representación parlamentaria. Pero no fue fácil el acuerdo. El 13 de octubre comenzó en Caracollo, situado a 199 kilómetros al sur de sede de gobierno, una marcha que quedará en los anales de la historia boliviana como la más grande movilización humana jamás vista en el país.
A esa madre de las marchas se sumaron otras, aunque no tan numerosas, pero también conformadas por miles de bolivianos cansados de ser ignorados por el poder y en demanda de ser parte de la construcción de su destino.
Cien mil, ciento cincuenta mil, doscientos mil personas –una cifra muy difícil de ser precisada– ocuparon la carretera y marcharon hacia La Paz en demanda de la aprobación congresal de la ley que convoque al pueblo a decidir con su voto el destino del país.
Fueron jornadas de intenso diálogo y donde el presidente Evo Morales mostró un gran desprendimiento en aras de la unidad de los bolivianos, tal como él mismo confesó hoy. No sólo aceptó revisar la totalidad del texto constitucional aprobado en Oruro, sino que renunció a la reelección presidencial en los términos que señalaba el proyecto de Carta Magna aprobado el 9 de diciembre de 2007, que para el efecto no tomaba en cuenta el actual período constitucional.
Evo, entre este lunes y martes, fue uno más de quienes reclamaban una nueva Carta Magna, un nuevo país, una nueva oportunidad para que Bolivia se desarrolle y, sobre todo, un nuevo futuro basado en la dignidad, en la propiedad de su riqueza, en su soberanía, en su gente.
Gran parte de la oposición comprendió esa demanda nacional y a sabiendas de que su sobrevivencia política dependía de no darle una vez más la espalda al pueblo, se sumó en el último tramo a la construcción de la nueva Constitución.
Pero los sectores más radicales de la oposición, aquellos que intentaron por todos los medios hacer fracasar el magno foro y evitar la nueva Constitución, se mantuvieron impasibles.
Se encerraron en una posición que ignoró hasta el último segundo el sacrificio de miles de bolivianos que defendieron sus derechos en marchando por las carreteras, y de millones que se sumaron en la distancia a esa demanda de dignidad.
La ley de convocatoria al referendo constitucional ya forma parte de las conquistas populares y será el soberano, el 25 de enero de 2009, el que dirá en las urnas si respalda con su voto a la nueva Carta Magna o la rechaza.
Es su derecho y esa voluntad deberá ser asumida por todos los bolivianos, incluso por aquellos que nunca creyeron en la Asamblea Constituyente.
A los originarios de las tierras bajas del oriente, la amazonia y el Chaco, se sumaron los habitantes de las comunidades del altiplano, y en una muestra de unidad y fortaleza emplazaron al entonces presidente Jaime Paz Zamora, esos derechos.
No obstante, tuvieron que pasar seis gobiernos para que esos mismos pueblos, integrados en una histórica marcha y concentración en el centro político del país, hoy consiguieran lo que se propusieron.
“Atrás han quedado sufrimientos, esfuerzos, llanto, heridos, detenidos, muertos, pero hoy ese esfuerzo, ese esfuerzo de esa marcha, de esas miles de marchas de todos los bolivianos de los nueve departamentos que quisieron una nueva Constitución, hoy, ya no fue en vano”, sentenciaba el vicepresidente Álvaro García Linera.
Si la nueva Constitución comenzó a ser escrita en 1990, sus bases se construyeron durante las jornadas de octubre de 2003 en El Alto, cuando un pueblo movilizado expulsó a quienes habían enajenado las riquezas nacionales, pero pagó un alto precio por su dignidad: 65 muertos y más de 400 heridos.
Fueron 18 años de marchas de un pueblo, “que desde lo más profundo de la tierra, desde los barrios, desde los sindicatos, desde las universidades, desde las fábricas, desde las minas salió para decir que nunca más iba a haber una Bolivia sin la gente, sin los bolivianos, sin los trabajadores, sin la gente sencilla, sin la gente humilde”, reseña García. Linera. Pero el viejo sistema político no estaba dispuesto a allanar esa demanda y desde la misma convocatoria a la Asamblea Constituyente, el 6 de marzo de 2006, comenzó a germinar una estrategia para in viabilizarla.
Primero lograron el número suficiente de constituyentes y, con la fórmula de dos tercios de voto para aprobar todo el texto constitucional, impidieron durante meses que el Magno Foro pueda avanzar en los acuerdos. La mayoría quedó a merced de la minoría.
Luego vino la demanda de capitalidad plena para Sucre, pese a que nunca antes una Carta Magna había constitucionalizado esa reivindicación regional de Sucre. El oficialismo denunció entonces que se trataba de una nueva estratagema para que fracase el foro.
Una vez que el Asamblea aprobó el texto final en Oruro, el 9 de diciembre de 2007, tras los luctuosos hechos del 24 de noviembre en el barrio de la Calancha, Sucre, que costaron la vida a tres personas, la oposición atrincherada en cuatro departamentos impulsó la aprobación de estatutos autonómicos denunciados como ilegales, ya que no estuvieron amparados en ninguna norma en vigencia.
Pero la nueva Constitución no solo sopesó esos bloqueos, sino que enfrentó un proceso sedicioso cívico – prefectural entre agosto y septiembre pasados, cuyo fin fue el derrocamiento del presidente Evo Morales, tal como certificó a principios de octubre una delegación del Parlamento Europeo que visitó el país tras esos sucesos.
La subversión alcanzó su máximo nivel de violencia en el departamento de Pando, donde sicarios, presuntamente al servicio del ex prefecto Leopoldo Fernández, emboscaron y asesinaron al menos a 16 campesinos, entre ellos a un niño de apenas dos años.
Otros dos civiles también perdieron la vida en circunstancias todavía no establecidas, aunque versiones de prensa atribuyeron estas muertes a “campesinos armados”.
Antes de que la conspiración se manifieste con la toma y saqueo de instituciones estatales en Santa Cruz, Trinidad, Tarija y Cobija, el 10 de agosto el pueblo aprobó el proceso de cambio y a la nueva Carta Magna. El 67.4% de los bolivianos le dijeron sí al proceso que lidera el presidente Evo Morales.
En ese contexto y raíz de la masacre de Pando, es que se demandó la intervención de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) que expresó un contundente respaldo al Presidente constitucional y condenó todo intento de golpe de estado y desestabilización del gobierno legalmente constituido.
En ese marco es que se retomó el diálogo gobierno – oposición que culminaría la tarde de este martes 21 de octubre con la promulgación presidencial de la Ley de convocatoria al referendo dirimidor y aprobatorio del proyecto de nueva Constitución Política del Estado para el 25 de enero de 2009.
El trabajo que no realizó la oposición en los 16 meses que duró la Asamblea Constituyente para conciliar artículos del nuevo texto constitucional, fue asumido, primero por los prefectos en las mesas de diálogo en Cochabamba y, en las dos últimas semanas, por delegados políticos de los partidos con representación parlamentaria. Pero no fue fácil el acuerdo. El 13 de octubre comenzó en Caracollo, situado a 199 kilómetros al sur de sede de gobierno, una marcha que quedará en los anales de la historia boliviana como la más grande movilización humana jamás vista en el país.
A esa madre de las marchas se sumaron otras, aunque no tan numerosas, pero también conformadas por miles de bolivianos cansados de ser ignorados por el poder y en demanda de ser parte de la construcción de su destino.
Cien mil, ciento cincuenta mil, doscientos mil personas –una cifra muy difícil de ser precisada– ocuparon la carretera y marcharon hacia La Paz en demanda de la aprobación congresal de la ley que convoque al pueblo a decidir con su voto el destino del país.
Fueron jornadas de intenso diálogo y donde el presidente Evo Morales mostró un gran desprendimiento en aras de la unidad de los bolivianos, tal como él mismo confesó hoy. No sólo aceptó revisar la totalidad del texto constitucional aprobado en Oruro, sino que renunció a la reelección presidencial en los términos que señalaba el proyecto de Carta Magna aprobado el 9 de diciembre de 2007, que para el efecto no tomaba en cuenta el actual período constitucional.
Evo, entre este lunes y martes, fue uno más de quienes reclamaban una nueva Carta Magna, un nuevo país, una nueva oportunidad para que Bolivia se desarrolle y, sobre todo, un nuevo futuro basado en la dignidad, en la propiedad de su riqueza, en su soberanía, en su gente.
Gran parte de la oposición comprendió esa demanda nacional y a sabiendas de que su sobrevivencia política dependía de no darle una vez más la espalda al pueblo, se sumó en el último tramo a la construcción de la nueva Constitución.
Pero los sectores más radicales de la oposición, aquellos que intentaron por todos los medios hacer fracasar el magno foro y evitar la nueva Constitución, se mantuvieron impasibles.
Se encerraron en una posición que ignoró hasta el último segundo el sacrificio de miles de bolivianos que defendieron sus derechos en marchando por las carreteras, y de millones que se sumaron en la distancia a esa demanda de dignidad.
La ley de convocatoria al referendo constitucional ya forma parte de las conquistas populares y será el soberano, el 25 de enero de 2009, el que dirá en las urnas si respalda con su voto a la nueva Carta Magna o la rechaza.
Es su derecho y esa voluntad deberá ser asumida por todos los bolivianos, incluso por aquellos que nunca creyeron en la Asamblea Constituyente.
