Por Patricia Grogg
LA HABANA, 29 oct (IPS) - El bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, que Washington llama embargo, volvió a ser blanco de mayoritario rechazo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras una campaña en la
que se empleó a fondo la diplomacia cubana.
El proyecto de resolución presentado por La Habana, bajo el título de "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", fue aprobado este miércoles en la Asamblea General de la ONU, con 185 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
"Triunfo de Cuba en la ONU", dijo en su programa de noticias del mediodía la televisión estatal cubana, que mostró imágenes del canciller cubano Felipe Pérez Roque felicitado por el resultado de la votación. Washington consiguió solamente el apoyo de Israel y Palau.
Islas Marshall, que el pasado año había votado contra la propuesta cubana, optó en esta ocasión por la abstención, junto a Micronesia. Albania se sumó a las naciones que piden el cese de la política de restricciones económicas y comerciales estadounidenses, vigente desde 1962.
Una moción similar recibió el año pasado el voto favorable de 184 países, mientras cuatro se pronunciaron en contra: Estados Unidos, Israel, Palau e Islas Marshall, con la abstención de Micronesia.
La Habana llevó por primera vez este caso a la ONU en 1992, con una resolución que aprobaron solo 59 países.
En su discurso ante el foro internacional, Pérez Roque dijo que siete de cada 10 personas de este país han vivido bajo esa política de prohibiciones que afecta todos los aspectos de la vida económica y social
de Cuba, con perjuicios estimados en 93.000 millones de dólares desde su implantación.
"Lo más cruel del bloqueo es su impacto en la salud y en los niños", comentó a IPS Irania Martínez, una ecologista cubana impedida de viajar a Estados Unidos para recibir un premio de 10.000 dólares que concede la cadena televisiva de noticias CNN a personas que se destaquen en la protección y preservación del ambiente.
El premio "era a título personal, pero lo compartiríamos entre todos y en cosas para el Cepru (Centro Ecológico de Procesamiento de Residuos Urbanos). Somos gente humilde, y hubiéramos hecho muchas cosas con ese dinero, pero estábamos preparados para no poder cobrarlo. Lo doné a Unicef", relató.
El Cepru es un antiguo vertedero que Martínez, con apoyo de gente del barrio aledaño, convirtió en un centro ecológico que mejoró las condiciones de vida de la comunidad y en el que trabajan más de 30 personas.
Un informe cubano que circuló en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York afirma que entre mayo de 2007 y abril de este año, el impacto de las restricciones en la salud pública fue superior a los 25 millones de dólares, en buena medida por la necesidad de comprar insumos, productos y equipos en mercados más lejanos y con fletes más costosos.
El texto incluye nombres y direcciones de niñas y niños, de entre dos y cuatro años de edad, afectados por la negativa de empresas como Boston Scientific y Amplatzer a suministrar a Cuba dispositivos para cateterismos
y otras técnicas para corregir defectos congénitos del corazón.
"Es una de las tantas pruebas de que el bloqueo nos priva de beneficiarnos de tecnologías, medicamentos o equipos del campo de la salud que Cuba no tiene. Además, imposibilita el intercambio científico que sería favorable para los dos países", afirma Martínez, quien hace unos años perdió a su pequeña hija de leucemia.
En su opinión, el canciller cubano desafió al gobernante estadounidense que resulte electo en los comicios del 4 de noviembre a decidir si admite que el bloqueo es una política fracasada o si persiste en su pretensión de castigar a Cuba por tener un régimen socialista.
Tanto el candidato del gobernante Partido Republicano, John McCain, como el del opositor Partido Demócrata, Barack Obama, han dicho que mantendrían el embargo, aunque con ciertas diferencias.
Mientras el senador McCain preludia una continuidad de la política dura sostenida por el presidente George W. Bush, Obama es partidario de la flexibilidad y de una "diplomacia directa".
El senador demócrata, a quien las encuestas apuntan como estrecho favorito, se comprometió a eliminar las restricciones a los viajes y envíos de remesas, impuestas por Bush en 2004, pero aseguró que el embargo económico y comercial contra Cuba será una "palanca" para obtener reformas democráticas en este país.
"Con Obama como presidente se podrían crear condiciones para que se elimine el embargo, previa aprobación del Congreso, y se cree un vínculo normal entre los dos países. Yo creo que eso facilitaría la democratización de la sociedad cubana", dijo a IPS el disidente Óscar Espinoza Chepe.
Para el ingeniero Francisco Gutiérrez, de 30 años, "el bloqueo es la razón por la cual el gobierno cubano se niega a permitir determinados derechos ciudadanos", y contribuye a mantener un discurso político basado en la confrontación con "el enemigo". (FIN/IPS/pg/dcl/la na ip fc sl/08)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (http://www.cubaminrex.cu/)
+ Embargo, la mayor contradicción bilateral (http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=86444)+ ¿Nueva política a la vista? (http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90091)+ Obama promete un poco de distensión (http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=88515)
viernes, 31 de octubre de 2008
miércoles, 22 de octubre de 2008
El Pueblo Esperó 18 Años Para Decidir En Las Urnas Una Nueva Constitución
La Paz, 21 oct (Delfín Arias Vargas / ABI).- Hace 18 años una columna conformada por los pueblos indígenas ingresaba a La Paz desde la región de los Yungas en demanda de tierra y territorio, y por una Asamblea Constituyente que los reconozca como bolivianos y garantice sus derechos largamente conculcados.
A los originarios de las tierras bajas del oriente, la amazonia y el Chaco, se sumaron los habitantes de las comunidades del altiplano, y en una muestra de unidad y fortaleza emplazaron al entonces presidente Jaime Paz Zamora, esos derechos.
No obstante, tuvieron que pasar seis gobiernos para que esos mismos pueblos, integrados en una histórica marcha y concentración en el centro político del país, hoy consiguieran lo que se propusieron.
“Atrás han quedado sufrimientos, esfuerzos, llanto, heridos, detenidos, muertos, pero hoy ese esfuerzo, ese esfuerzo de esa marcha, de esas miles de marchas de todos los bolivianos de los nueve departamentos que quisieron una nueva Constitución, hoy, ya no fue en vano”, sentenciaba el vicepresidente Álvaro García Linera.
Si la nueva Constitución comenzó a ser escrita en 1990, sus bases se construyeron durante las jornadas de octubre de 2003 en El Alto, cuando un pueblo movilizado expulsó a quienes habían enajenado las riquezas nacionales, pero pagó un alto precio por su dignidad: 65 muertos y más de 400 heridos.
Fueron 18 años de marchas de un pueblo, “que desde lo más profundo de la tierra, desde los barrios, desde los sindicatos, desde las universidades, desde las fábricas, desde las minas salió para decir que nunca más iba a haber una Bolivia sin la gente, sin los bolivianos, sin los trabajadores, sin la gente sencilla, sin la gente humilde”, reseña García. Linera. Pero el viejo sistema político no estaba dispuesto a allanar esa demanda y desde la misma convocatoria a la Asamblea Constituyente, el 6 de marzo de 2006, comenzó a germinar una estrategia para in viabilizarla.
Primero lograron el número suficiente de constituyentes y, con la fórmula de dos tercios de voto para aprobar todo el texto constitucional, impidieron durante meses que el Magno Foro pueda avanzar en los acuerdos. La mayoría quedó a merced de la minoría.
Luego vino la demanda de capitalidad plena para Sucre, pese a que nunca antes una Carta Magna había constitucionalizado esa reivindicación regional de Sucre. El oficialismo denunció entonces que se trataba de una nueva estratagema para que fracase el foro.
Una vez que el Asamblea aprobó el texto final en Oruro, el 9 de diciembre de 2007, tras los luctuosos hechos del 24 de noviembre en el barrio de la Calancha, Sucre, que costaron la vida a tres personas, la oposición atrincherada en cuatro departamentos impulsó la aprobación de estatutos autonómicos denunciados como ilegales, ya que no estuvieron amparados en ninguna norma en vigencia.
Pero la nueva Constitución no solo sopesó esos bloqueos, sino que enfrentó un proceso sedicioso cívico – prefectural entre agosto y septiembre pasados, cuyo fin fue el derrocamiento del presidente Evo Morales, tal como certificó a principios de octubre una delegación del Parlamento Europeo que visitó el país tras esos sucesos.
La subversión alcanzó su máximo nivel de violencia en el departamento de Pando, donde sicarios, presuntamente al servicio del ex prefecto Leopoldo Fernández, emboscaron y asesinaron al menos a 16 campesinos, entre ellos a un niño de apenas dos años.
Otros dos civiles también perdieron la vida en circunstancias todavía no establecidas, aunque versiones de prensa atribuyeron estas muertes a “campesinos armados”.
Antes de que la conspiración se manifieste con la toma y saqueo de instituciones estatales en Santa Cruz, Trinidad, Tarija y Cobija, el 10 de agosto el pueblo aprobó el proceso de cambio y a la nueva Carta Magna. El 67.4% de los bolivianos le dijeron sí al proceso que lidera el presidente Evo Morales.
En ese contexto y raíz de la masacre de Pando, es que se demandó la intervención de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) que expresó un contundente respaldo al Presidente constitucional y condenó todo intento de golpe de estado y desestabilización del gobierno legalmente constituido.
En ese marco es que se retomó el diálogo gobierno – oposición que culminaría la tarde de este martes 21 de octubre con la promulgación presidencial de la Ley de convocatoria al referendo dirimidor y aprobatorio del proyecto de nueva Constitución Política del Estado para el 25 de enero de 2009.
El trabajo que no realizó la oposición en los 16 meses que duró la Asamblea Constituyente para conciliar artículos del nuevo texto constitucional, fue asumido, primero por los prefectos en las mesas de diálogo en Cochabamba y, en las dos últimas semanas, por delegados políticos de los partidos con representación parlamentaria. Pero no fue fácil el acuerdo. El 13 de octubre comenzó en Caracollo, situado a 199 kilómetros al sur de sede de gobierno, una marcha que quedará en los anales de la historia boliviana como la más grande movilización humana jamás vista en el país.
A esa madre de las marchas se sumaron otras, aunque no tan numerosas, pero también conformadas por miles de bolivianos cansados de ser ignorados por el poder y en demanda de ser parte de la construcción de su destino.
Cien mil, ciento cincuenta mil, doscientos mil personas –una cifra muy difícil de ser precisada– ocuparon la carretera y marcharon hacia La Paz en demanda de la aprobación congresal de la ley que convoque al pueblo a decidir con su voto el destino del país.
Fueron jornadas de intenso diálogo y donde el presidente Evo Morales mostró un gran desprendimiento en aras de la unidad de los bolivianos, tal como él mismo confesó hoy. No sólo aceptó revisar la totalidad del texto constitucional aprobado en Oruro, sino que renunció a la reelección presidencial en los términos que señalaba el proyecto de Carta Magna aprobado el 9 de diciembre de 2007, que para el efecto no tomaba en cuenta el actual período constitucional.
Evo, entre este lunes y martes, fue uno más de quienes reclamaban una nueva Carta Magna, un nuevo país, una nueva oportunidad para que Bolivia se desarrolle y, sobre todo, un nuevo futuro basado en la dignidad, en la propiedad de su riqueza, en su soberanía, en su gente.
Gran parte de la oposición comprendió esa demanda nacional y a sabiendas de que su sobrevivencia política dependía de no darle una vez más la espalda al pueblo, se sumó en el último tramo a la construcción de la nueva Constitución.
Pero los sectores más radicales de la oposición, aquellos que intentaron por todos los medios hacer fracasar el magno foro y evitar la nueva Constitución, se mantuvieron impasibles.
Se encerraron en una posición que ignoró hasta el último segundo el sacrificio de miles de bolivianos que defendieron sus derechos en marchando por las carreteras, y de millones que se sumaron en la distancia a esa demanda de dignidad.
La ley de convocatoria al referendo constitucional ya forma parte de las conquistas populares y será el soberano, el 25 de enero de 2009, el que dirá en las urnas si respalda con su voto a la nueva Carta Magna o la rechaza.
Es su derecho y esa voluntad deberá ser asumida por todos los bolivianos, incluso por aquellos que nunca creyeron en la Asamblea Constituyente.
A los originarios de las tierras bajas del oriente, la amazonia y el Chaco, se sumaron los habitantes de las comunidades del altiplano, y en una muestra de unidad y fortaleza emplazaron al entonces presidente Jaime Paz Zamora, esos derechos.
No obstante, tuvieron que pasar seis gobiernos para que esos mismos pueblos, integrados en una histórica marcha y concentración en el centro político del país, hoy consiguieran lo que se propusieron.
“Atrás han quedado sufrimientos, esfuerzos, llanto, heridos, detenidos, muertos, pero hoy ese esfuerzo, ese esfuerzo de esa marcha, de esas miles de marchas de todos los bolivianos de los nueve departamentos que quisieron una nueva Constitución, hoy, ya no fue en vano”, sentenciaba el vicepresidente Álvaro García Linera.
Si la nueva Constitución comenzó a ser escrita en 1990, sus bases se construyeron durante las jornadas de octubre de 2003 en El Alto, cuando un pueblo movilizado expulsó a quienes habían enajenado las riquezas nacionales, pero pagó un alto precio por su dignidad: 65 muertos y más de 400 heridos.
Fueron 18 años de marchas de un pueblo, “que desde lo más profundo de la tierra, desde los barrios, desde los sindicatos, desde las universidades, desde las fábricas, desde las minas salió para decir que nunca más iba a haber una Bolivia sin la gente, sin los bolivianos, sin los trabajadores, sin la gente sencilla, sin la gente humilde”, reseña García. Linera. Pero el viejo sistema político no estaba dispuesto a allanar esa demanda y desde la misma convocatoria a la Asamblea Constituyente, el 6 de marzo de 2006, comenzó a germinar una estrategia para in viabilizarla.
Primero lograron el número suficiente de constituyentes y, con la fórmula de dos tercios de voto para aprobar todo el texto constitucional, impidieron durante meses que el Magno Foro pueda avanzar en los acuerdos. La mayoría quedó a merced de la minoría.
Luego vino la demanda de capitalidad plena para Sucre, pese a que nunca antes una Carta Magna había constitucionalizado esa reivindicación regional de Sucre. El oficialismo denunció entonces que se trataba de una nueva estratagema para que fracase el foro.
Una vez que el Asamblea aprobó el texto final en Oruro, el 9 de diciembre de 2007, tras los luctuosos hechos del 24 de noviembre en el barrio de la Calancha, Sucre, que costaron la vida a tres personas, la oposición atrincherada en cuatro departamentos impulsó la aprobación de estatutos autonómicos denunciados como ilegales, ya que no estuvieron amparados en ninguna norma en vigencia.
Pero la nueva Constitución no solo sopesó esos bloqueos, sino que enfrentó un proceso sedicioso cívico – prefectural entre agosto y septiembre pasados, cuyo fin fue el derrocamiento del presidente Evo Morales, tal como certificó a principios de octubre una delegación del Parlamento Europeo que visitó el país tras esos sucesos.
La subversión alcanzó su máximo nivel de violencia en el departamento de Pando, donde sicarios, presuntamente al servicio del ex prefecto Leopoldo Fernández, emboscaron y asesinaron al menos a 16 campesinos, entre ellos a un niño de apenas dos años.
Otros dos civiles también perdieron la vida en circunstancias todavía no establecidas, aunque versiones de prensa atribuyeron estas muertes a “campesinos armados”.
Antes de que la conspiración se manifieste con la toma y saqueo de instituciones estatales en Santa Cruz, Trinidad, Tarija y Cobija, el 10 de agosto el pueblo aprobó el proceso de cambio y a la nueva Carta Magna. El 67.4% de los bolivianos le dijeron sí al proceso que lidera el presidente Evo Morales.
En ese contexto y raíz de la masacre de Pando, es que se demandó la intervención de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) que expresó un contundente respaldo al Presidente constitucional y condenó todo intento de golpe de estado y desestabilización del gobierno legalmente constituido.
En ese marco es que se retomó el diálogo gobierno – oposición que culminaría la tarde de este martes 21 de octubre con la promulgación presidencial de la Ley de convocatoria al referendo dirimidor y aprobatorio del proyecto de nueva Constitución Política del Estado para el 25 de enero de 2009.
El trabajo que no realizó la oposición en los 16 meses que duró la Asamblea Constituyente para conciliar artículos del nuevo texto constitucional, fue asumido, primero por los prefectos en las mesas de diálogo en Cochabamba y, en las dos últimas semanas, por delegados políticos de los partidos con representación parlamentaria. Pero no fue fácil el acuerdo. El 13 de octubre comenzó en Caracollo, situado a 199 kilómetros al sur de sede de gobierno, una marcha que quedará en los anales de la historia boliviana como la más grande movilización humana jamás vista en el país.
A esa madre de las marchas se sumaron otras, aunque no tan numerosas, pero también conformadas por miles de bolivianos cansados de ser ignorados por el poder y en demanda de ser parte de la construcción de su destino.
Cien mil, ciento cincuenta mil, doscientos mil personas –una cifra muy difícil de ser precisada– ocuparon la carretera y marcharon hacia La Paz en demanda de la aprobación congresal de la ley que convoque al pueblo a decidir con su voto el destino del país.
Fueron jornadas de intenso diálogo y donde el presidente Evo Morales mostró un gran desprendimiento en aras de la unidad de los bolivianos, tal como él mismo confesó hoy. No sólo aceptó revisar la totalidad del texto constitucional aprobado en Oruro, sino que renunció a la reelección presidencial en los términos que señalaba el proyecto de Carta Magna aprobado el 9 de diciembre de 2007, que para el efecto no tomaba en cuenta el actual período constitucional.
Evo, entre este lunes y martes, fue uno más de quienes reclamaban una nueva Carta Magna, un nuevo país, una nueva oportunidad para que Bolivia se desarrolle y, sobre todo, un nuevo futuro basado en la dignidad, en la propiedad de su riqueza, en su soberanía, en su gente.
Gran parte de la oposición comprendió esa demanda nacional y a sabiendas de que su sobrevivencia política dependía de no darle una vez más la espalda al pueblo, se sumó en el último tramo a la construcción de la nueva Constitución.
Pero los sectores más radicales de la oposición, aquellos que intentaron por todos los medios hacer fracasar el magno foro y evitar la nueva Constitución, se mantuvieron impasibles.
Se encerraron en una posición que ignoró hasta el último segundo el sacrificio de miles de bolivianos que defendieron sus derechos en marchando por las carreteras, y de millones que se sumaron en la distancia a esa demanda de dignidad.
La ley de convocatoria al referendo constitucional ya forma parte de las conquistas populares y será el soberano, el 25 de enero de 2009, el que dirá en las urnas si respalda con su voto a la nueva Carta Magna o la rechaza.
Es su derecho y esa voluntad deberá ser asumida por todos los bolivianos, incluso por aquellos que nunca creyeron en la Asamblea Constituyente.
El Gobierno Reconoce Estatutos Autonómicos, Dice Que Pueden Estar Vigentes Antes De La NCPE
“Estamos reconociendo los estatutos, es un hecho político”, aseveró la autoridad en una entrevista con
Advirtió que si los estatutos de los cuatro departamentos donde ganó el sí a las autonomías no son enmarcados a lo que señala la nueva Carta Magna, será el Tribunal Constitucional la instancia que adecúe dichas normas departamentales para que luego cobren vigencia.
Romero señaló que si los interesados, en este caso los representantes de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, se apresuran en adecuar sus estatutos, cuyo trabajo puede demandar dos a tres meses, entrarían en vigencia de forma inmediata.
“Si ellos se apresuran en adecuar sus estatutos y los dejan impecables con relación al texto constitucional, las autonomías podrían entrar en vigencia antes que el texto constitucional, depende de la celeridad con que adecúen sus estatutos a la nueva Constitución”, manifestó.
El Ministro de Desarrollo Rural declaró que apenas se tenga un nuevo Régimen Electoral vigente en el país de acuerdo a lo previsto en la nueva Constitución, los gobiernos departamentales podrán llamar a elecciones para conformar su Consejo Departamental.
ACUERDO DE COCHABAMBA SOBRE AUTONOMIAS
a) Se establecen tres niveles de gobiernos, Gobierno departamental autónomo, Gobierno municipal autónomo y Gobiernos indígenas autónomos.
b) En el caso de las regiones, estas se constituyen como espacios de planificación y gestión y podrán optar a la autonomía regional por iniciativa de los municipios que la conforman.
c) Queda establecido como criterio esencial el concepto de autonomías, la igualdad jerárquica constitucional de los niveles de los gobiernos autónomos y la no subordinación de unos sobre otros.
d) Los tres niveles de gobiernos autónomos reconocidos departamentales, municipales e indígenas tendrán potestad legislativa.
e) Queda establecida la clasificación de competencias del Estado y de los gobiernos autónomos competencias privativas del Estado, competencias exclusivas, competencias concurrentes y competencias compartidas.
f) Son competencias privativas aquellas cuya legislación, reglamentación, ejecución, administración y operación no se transfieren ni se delegan.
g) Son competencias exclusivas aquellas que posee el nivel de Gobierno sobre determinada materia, potestades legislativas reglamentarias y ejecutivas y donde dicho Gobierno pueda transferir las dos últimas.
h) Son competencias concurrentes aquellas en las que la legislación corresponde a nivel nacional y donde otros niveles de Gobierno comparte las potestades reglamentarias y ejecutiva
i) Son competencias compartidas aquellas que están sujetas a la legislación básica nacional y cuya legislación de desarrollo corresponda a nivel sub nacional, según sus características naturales, la reglamentación, ejecución, admi
nistración y operación en este tipo de competencia corresponderán a los niveles sub nacionales.
Costas Propone Conformar un Frente Amplio para Frenar a Evo en las Elecciones de 2009
Santa Cruz, 22 Oct (Erbol).- El prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, propuso en la víspera la conformación de un frente ampliado para participar de las elecciones generales de diciembre del próximo año, donde se elegirá Presidente, Vicepresidente y asambleístas legislativos plurinacionales.
“En base a ese al Conalde y en base a esa resistencia democrática, habrá que conformar un frente amplio, una gran alianza porque se vienen procesos electorales y habrá que seguir defendiendo la democracia y la paz en el país”, enfatizó Costas.
Consultado sobre el “gran acuerdo nacional” que permitió en el Congreso viabilizar los ajustes al nuevo texto constitucional y aprobar la convocatoria a referendo nacional dirimidor y constituyente, Costas señaló que este tema debe ser evaluado jurídicamente para ver si corresponde o no que el Parlamento se convierta en Constituyente.
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