Los buenos y los malos, El País mintiendo con fotos de Bolivia

Pascual Serrano

Rebelión

Nota: El 20 de septiembre, tres días después de la publicación de esta denuncia y diez meses después de la primera, el diario El País cambió los textos de ambas fotos sin dar explicación alguna ni aclarar su rectificación.

Como de todos es sabido, en Bolivia se enfrentan dos grupos sociales bien diferenciados. En torno al presidente Evo Morales, se encuentran los indígenas, los pobres, los campesinos, los excluidos. Frente a él, y abanderando los movimientos autonómicos de las regiones más ricas del país, los sectores opositores de familias acomodadas que se niegan a aceptar los nuevos derechos de los sectores indígenas y que, con un marcado carácter racista, se han lanzado a las calles a destruir sedes y oficinas del estado y perseguir y atacar a indígenas y campesinos.

En diferentes ocasiones, los fotógrafos de prensa han podido captar imágenes de ambos grupos. Reuters difundió en noviembre del pasado año esta foto de miles de indígenas simpatizantes de Evo Morales congregados en la Plaza Murillo de La Paz, frente a la Casa de Gobierno, tal y como informó la BBC:

Ahora, con motivo de los ataques de los grupos opositores que han provocado dos decenas de muertos, Reuters también ha difundido fotografías de los sectores autonomistas que, como es sabido, tienen como emblemas el verde de su bandera regional y el símbolo una cruz bizantina. Como se aprecia son jóvenes de clase acomodada y bien pertrechada para enfrentarse al estado boliviano.

Ahora veamos cómo ha presentado ambas fotos el diario El País. El 28 de noviembre del pasado año, los indígenas que se manifestaban a favor de Evo Morales, fueron publicados así:

Es decir, dijeron que eran opositores: “Cientos de opositores al Gobierno de Evo Morales se congregan en la plaza Murillo de La Paz, en Sucre”. Y aunque ya fue denunciado públicamente en rebelión.org, no se rectificó.

Es decir, como “Partidarios del presidente de Bolivia, Evo Morales. Y aunque fue denunciado en el portal Menéame tampoco se rectificó. Es más, hasta se borró del foro de El País el comentario que lo criticaba.

La conclusión es clara, los aparentemente buenos de las fotos sólo pueden ser opositores, y los agresivos, por supuesto, partidarios de Evo Morales. Y si se descubre, a mirar para otro lado, que la mentira hay que explotarla.

http://www.rebelion.org

Bolivia: Racismo, Discriminación e Impunidad

Federación Internacional De Derechos Humanos (FIDH)
Misión de Investigación 20-29 de agosto de 2008

Informe preliminar

La Federación Internacional de Derechos Humanos y sus misiones de investigación

Creada en 1922, la FIDH es una organización internacional no gubernamental, con estatuto consultivo ante los organismos de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos (OEA). Reúne actualmente a más de 155 organizaciones en cerca de 100 países. La FIDH es apolítica, aconfesional e independiente de cualquier gobierno. Su misión consiste en llevar a cabo acciones concretas en favor del respeto de todos los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, para ello, recurre a todos los mecanismos existentes de lucha contra la impunidad, tanto nacionales como internacionales, y proporciona su apoyo a las víctimas de torturas, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

La FIDH trabaja a favor de la paz, rechaza la violencia y el racismo y en respuesta a las informaciones y demandas de sus asociaciones miembro, ha organizado más de 1.000 misiones en más de cien países en el transcurso de los últimos 25 años.

La Misión de la FIDH en Bolivia: Racismo, discriminación e impunidad

Como es de dominio público, Bolivia atraviesa actualmente una aguda crisis política y social en la que el racismo no sólo se expresa de manera muy notoria, sino que se manifiesta, al mismo tiempo, en forma cada vez más violenta. Esta situación está directamente relacionada con la creciente influencia de las clases populares, indígenas y campesinas en los asuntos de gobierno de esta Nación y con el bloqueo a toda costa de la reforma constitucional en curso y el proceso de registro de tierras por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), relacionados con la generación de condiciones sustantivas de ciudadanía para el vasto sector de la población boliviana que, por siglos, ha sido excluido de los derechos humanos al desarrollo y a la igualdad, sin discriminación. Esta vinculada, también, a la disputa por la distribución de la renta generada por el uso de los recursos naturales.

La crisis boliviana viene acompañada por una manifestación preocupante, y creciente, de racismo y discriminación que afecta, en varias regiones del país, no sólo a los indígenas y campesinos a los que los opositores del gobierno del Presidente Evo Morales Ayma estigmatizan – incluso aún si no lo fueran - como “masistas” y “collas”[1], sino también a todo aquel que discrepe con las formas violentas y autoritarias con que se pretende dirimir los conflictos políticos y sociales que el país atraviesa.

La FIDH ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por el recrudecimiento de los actos violentos fundados en la intolerancia, la discriminación y el racismo en Bolivia y ha denunciado también los ataques, actos de hostigamientos, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos y dirigentes campesinos que luchan contra la impunidad, o por una repartición más equitativa de la tierra, perpetrados por actores radicales, entre los cuales aparece la Unión Juvenil Cruceñista, grupo paramilitar que no es sino el brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz.

La FIDH cree firmemente que las personas, autoridades y comunidades que se sienten afectadas por este proceso tienen todo el derecho de no estar de acuerdo con el mismo, o con las autoridades nacionales que lo conducen. Lo que, sin embargo, no las autoriza a emplear métodos ilegales, violentos y racistas para ejercer su derecho a la oposición.

Para examinar esta situación en detalle y con profundidad, la FIDH comisionó a Javier Mujica (abogado peruano, representante de la misma ante los órganos de la OEA), a José Ricardo de Prada (magistrado de la Audiencia Nacional de España y miembro de Tribunales Penales Internacionales) y Anantonia Reyes Prado (antropóloga guatemalteca y Presidenta del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-) a llevar cabo una misión de investigación en Bolivia entre los días 20 y 29 de septiembre de 2008.

Como parte de su misión, los representantes de la FIDH se entrevistaron en la capital y los Departamentos de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz con los más altos representantes de los poderes del Estado, miembros de las Prefecturas y Comités Cívico e Interinstitucional de los Departamentos de Santa Cruz y Sucre, respectivamente, la Defensoría del Pueblo, víctimas y familiares de víctimas, representantes de organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos, entidades internacionales y de la Unión Juvenil Cruceñista.

La FIDH recibió numerosos testimonios acerca de una larga cadena de sucesos ocurridos durante el mes de noviembre de 2007 en el Departamento de Sucre, con ocasión de la realización de la Asamblea Constituyente, cuando fueron atacadas las instalaciones del Liceo Militar, agredidos varios Constituyentes y asesinadas tres personas; así como, en mayo de 2008, con ocasión del acto de entrega de ambulancias en el Estadio Patria, que devino en una violenta protesta alentada por el Comité Interinstitucional de Sucre, según testimonios recibidos, en el que fueron atacados y sometidos a múltiples vejámenes un importante número de campesinos e indígenas, en el camino entre el estadio y el centro de Sucre, en cuya plaza principal fueron golpeados y vejados por su condición étnica.

La FIDH fue informada, de igual forma, que en Santa Cruz, en septiembre, fueron destruidas las oficinas de ENTEL y del IDH, así como saqueados los de organizaciones sociales que trabajan con éstas, en el marco de reiterados hechos de vandalismo y amenazas contra las personas y entidades críticas frente a la posición de las autoridades del Departamento.

Finalmente, la FIDH fue informada de que en Pando, y específicamente en la comunidad “El Porvenir”, fue detenida violentamente la marcha de un grupo multitudinario de campesinos que se dirigía a un Ampliado Departamental convocado por la Federación Departamental de Campesinos de Pando, registrándose la muerte de al menos 18 personas, incluyendo tres estudiantes normalistas; la retención temporal de otras 15, que fueron llevadas a las instalaciones del Comité Cívico de Pando, donde sufrieron vejámenes; y la desaparición de no menos de 24 personas, por los cuales se encuentra privado de libertad actualmente el Prefecto del Departamento de Pando, Leopoldo Fernández, a quien se imputa la responsabilidad de estos hechos.

La FIDH también recibió información de que organizaciones sociales que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos y las organizaciones indígenas y campesinas en Riberalta, Beni, Sucre y Santa Cruz trabajan en condiciones de gran riesgo, de lo cual son muestra la destrucción de las sedes de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPES), del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), y la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia –CIDOB-, cuyos integrantes no pueden realizar su trabajo con las garantías que establece la Declaración de Defensores de 1998, en tanto otras organizaciones encuentran serias dificultades para la obtención de la personalidad jurídica.

La FIDH recuerda que los derechos humanos tienen por fuente la dignidad humana y encarnan todo aquello que las personas necesitan para llevar a cabo una vida libre de temor y la miseria, de conformidad con tanto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, como de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre que este año conmemoran 60 años. La FIDH recuerda, también, que, de conformidad con el artículo 1° de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial[2], “la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Principales motivos de preocupación

PREOCUPA A LA FIDH

Que las dificultades que encara la lucha contra el racismo histórico y estructural que ha atravesado, y atraviesa, el conjunto de la sociedad boliviana puedan significar que la mayoría de indígenas, campesinos y sectores populares del país tenga que seguir siendo afectada por los más altos índices de pobreza y pobreza extrema, y por las escalas más bajas del desarrollo humano.

Que, como ha señalado la Defensoría del Pueblo[3], el conflicto político y regional boliviano se haya transformado en un conflicto racial, en el que grandes sectores de bolivianos hayan sido convertidos – por otros bolivianos - en enemigos internos.

Que la extrema debilidad institucional y ausencia del Estado en las regiones del país comprometidas por los sucesos violentos de los últimos meses no permita afrontar con efectividad la conflictividad social desatada en éstas.

Que se haya impuesto la impunidad al renunciar las autoridades - a las que constitucionalmente compete la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos - a su deber de prevenir, reprimir, investigar y sancionar los actos delictivos que se han cometido contra estos derechos, subrayando la gravísima falta de asunción de sus responsabilidades por parte de la Policía Nacional, tanto en sus labores preventivas como de persecución de los delitos de motivación racista, lo que puede generar una sensación de impunidad y afecta gravemente a las posibilidades de persecución penal, perdiéndose en muchos casos lo posibilidad de recogida y preservación de pruebas esenciales para la efectividad de la persecución penal.

Que la impunidad se ve favorecida por la posición altamente politizada de algunos miembros de la judicatura, que actúan en forma sesgada a favor de una de las partes del conflicto, con clara desatención de las prácticas racistas y la persecución de sus autores; y, a la vez, por la actuación indulgente e inhibida de muchos representantes del Ministerio Fiscal, que en muchos casos no agotan todas las posibilidades de investigación.

Que la inexistencia de una legislación adecuada en materia de racismo, especialmente por la falta de leyes penales especificas que sancionen tanto la comisión de actos de carácter xenófobo o racista, así como la propaganda o incitación a cometer esta clase de actos, vulnere las obligaciones que en tal sentido impone la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Racial que el Estado Boliviano tiene ratificada y hace parte de su derechos interno.

Que las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos realicen su trabajo en un contexto de alto riesgo.

Que los medios de comunicación social se alejen de su función social de informar y orientar con veracidad e independencia a la ciudadanía; y que traicionen, al mimo tiempo, la misión que les es propia, desconociendo las disposiciones expresas establecidas en el artículo 4° de la Convención internacional sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Racial (1965) que proscriben toda forma de propaganda racista o tendente a promover el odio y la discriminación racial, emitiendo informaciones que desatienden dichas prohibiciones y que, en algunos casos, han tenido como consecuencia directa o indirecta, o han coadyuvado a la realización de dichos actos de violencia racista o de ataque contra organizaciones indígenas o de defensa de los derechos humanos.

Que la existencia de organizaciones armadas, que practican violencia racista y ataques contra instituciones de un Estado que ellas mismas no asumen como propio, en gran medida por consideraciones de tipo racista y que, en no pocas ocasiones, se encuentran también vinculadas a entidades públicas que pertenecen a la estructura regional del Estado boliviano, es generadora de conflictividad social.

Que la inacción de los aparatos judiciales y policiales sirva de justificación para el progresivo empleo de una justicia por mano propia, con la subsiguiente correspondiente escalada de violencia.

La FIDH considera urgente la necesidad de encarar la problemática del racismo que ofende a Bolivia, en particular, sobre la base de un Plan Integral fundado en cinco lineamientos estratégicos: Medidas de prevención del racismo; medidas de represión de éste; fortalecimiento institucional de la policía, el Ministerio Público y la Judicatura; la mejora de la eficacia de estos órganos del poder público; medidas dirigidas hacia el cumplimiento de la obligación de asegurar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y no manipuladora.

Recomendaciones

La elaboración de un Plan Integral Contra el Racismo y la Violencia Racista; bien sea en forma autónoma o - en el marco de los compromisos asumidos por Bolivia en el marco de la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 - dentro de un Plan Nacional de Acción por los Derechos Humanos.

La impostergable y urgente promulgación de una ley contra la discriminación y el racismo, incluyendo en ella obligaciones positivas y claras de trato igualitario en todos los aspectos relativos a la participación en la vida pública, económica, social y cultural del país; incluso mediante la inclusión de razonables normas y medidas de discriminación positiva que aseguren una igualdad de participación igual, real, efectiva y no discriminatoria, teniendo en cuenta tanto las cuestiones de género como étnicas.

La creación de una red de agentes y mediadores sociales, altamente capacitados, que se ocupen especialmente del dialogo intercultural, de la integración de todos los sectores que componen la Nación Boliviana, además de atender a las patologías constatadas, especialmente las manifestaciones racistas y de violencia de genero, con capacidad incluso de denunciar las situaciones ante la policía y la fiscalía.

El establecimiento de normas penales de carácter sustantivo en las que se tipifiquen los delitos de discriminación y racismo, la propagada racista o tendente a promover el odio y la discriminación racial; y que sancionen, tanto la comisión de hechos de carácter xenófobo o racistas, o con esta motivación. Dichas normas penales deberán contemplar una punición agravada cuando tales actos sean cometidos a través de la asociación de personas cuya finalidad sea la comisión de actos racistas, y especialmente cuando medie el porte y uso de armas en ese contexto, con independencia de los resultados.

La adopción de un paquete de medidas legislativas, de tipo procesal y orgánico, para mejorar la eficacia de la persecución penal en esta clase de delitos. Entre ellas, estableciendo:

- La obligación de investigar de oficio estos delitos por parte de la Fiscalía,
- La obligación de la policía de intervenir de forma inmediata en casos de delincuencia con connotación racista o xenófoba, para llevar a cabo las primeras investigaciones y recogida de pruebas “in situ”,
- El establecimiento de instrucciones claras y precisas, así como de protocolos claros dirigidos a la Policía Nacional, para una intervención prioritaria en esta clase de delitos. Creación de grupo policial especial enfocado en la desarticulación de organizaciones cuya actuación tenga connotaciones racistas.
- El establecimiento de una fiscalía especial para la persecución de esta clase de delitos, con sede centralizada y delegados en todos los departamentos,
- Un plan de formación especial para fiscales y jueces con competencia en materia de racismo, xenofobia y cuestiones de género.
- La adopción e implementación de normas competenciales que permitan enjuiciar los hechos en lugar diferente de donde fueron cometidos,
- La adopción e implementación de normas relativas a la protección de testigos; incluso un sistema integral de protección de testigos con posibilidades de reubicación en otros lugares.

Promover una campaña coordinada por las coaliciones de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, nacionales y locales y el Defensor del Pueblo sobre el hecho de que defender los derechos es un derecho y un deber, para respaldar el trabajo de los defensores derechos humanos, en el marco de una concepción legítima de éstos, centrada en la dignidad y de la convivencia pacífica

Proponer y concertar con los medios de comunicación, y otros actores involucrados, normas autoregulatorias, incluyendo Códigos de Ética, que impidan el uso o la difusión no veraz o manipuladora, así como el empleo comunicacional de estereotipos discriminadores o racistas.

Apoyar el trabajo de observación ciudadana de los medios de comunicación.

Exhortar al Gobierno a considerar la necesidad de invitar a Bolivia al Relator de Libertad de Expresión y otros relatores especiales del sistema universal y regional de derechos humanos a fin de que se profundice en el monitoreo de la situación general de los derechos humanos en Bolivia, y la de los Pueblos Indígenas en particular.

La Paz, 27 de septiembre de 2008

MISIÓN DE OBSERVACIÓN PARA BOLIVIA

[1] El término « collas » - habitantes de las regiones andinas -, en oposición a los « cambas » - habitantes de las regiones de llanura amazónica - es utilizado de forma despectiva y racista para designar a las comunidades campesinas y pueblos originarios que habitan la región occidental del país.
[2] Bolivia ratificó por primera vez la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial el 13 de agosto de 1970 mediante el Decreto Supremo N° 9.345 y, por segunda vez, el 14 de mayo de 1999 mediante la Ley N° 1.978, lo que significa que la misma forma parte de su derecho interno y debe ser obligatoriamente tenida en cuenta e sus actuaciones, tanto por los jueces y por toda clase de autoridades del Estado - en todos sus niveles y competencias – sino por las personas cualquiera sea su condición o posición.
[3] Defensoría del Pueblo. “Observando el Racismo. Racismo y regionalismo en el proceso constituyente”. La Paz, agosto 2008, pág. 58.

El III FSMM en imágenes

Bolivianos esperan desde el viernes en Madrid poder viajar a

Bienvenida policial a Larisa, ciudadana panameña, en Barajas

Segunda Declaración de Rivas

Asamblea de los Movimientos SocialesReunida durante el III Foro Social Mundial de las Migraciones

Hoy, cuando conmemoramos los sesenta años de la Nakba palestina, los 20 años del inicio de las muertes en el Estrecho de Gibraltar, los 35 años del golpe militar contra el gobierno democrático de Salvador Allende; cuando esa misma legitimidad está gravemente amenazada en Bolivia y convoca nuestra conciencia y solidaridad, y cuando celebramos los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros, mujeres y hombres que somos parte de más de dos mil movimientos y organizaciones sociales de noventa países del planeta, nos reunimos en Rivas Vaciamadrid (España), del 11 al 14 de septiembre de 2008, bajo el lema

NUESTRAS VOCES, NUESTROS DERECHOS, POR UN MUNDO SIN MUROS

Nuestras Voces

Somos personas y organizaciones de migrantes, desplazados/as y refugiados/as; víctimas del tráfico de seres humanos y la trata; somos también movimientos y organizaciones sociales trabajando junto a ellos; somos sujetos individuales y colectivos que, preocupados por el hecho migratorio comprendido en su integralidad, nos hemos ocupado de desarrollar acciones comprometidas con la transformación radical de las condiciones en las que los seres humanos se han visto obligados a migrar, desplazarse o refugiarse .

Nosotras, las personas migrantes, desplazadas y refugiadas y nuestras organizaciones, nos constituimos en un nuevo sujeto político y en una fuerza social mundial que se consolida en este III Foro Social Mundial de las Migraciones. Por todo lo anterior y con legítimo derecho, levantamos nuestras voces para decir:

No al creciente deterioro de las condiciones de vida que impacta a la mayoría de las personas del planeta, en el norte como en el sur global y que impacta de manera especial a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas de los diferentes continentes, y muy especialmente las de los pueblos palestino, saharaui, colombiano, sudanés e iraquí y a las políticas cómplices de Estados Unidos, Europa y España en particular.

No a las migraciones forzadas de los pueblos indígenas como resultado de la expropiación de sus tierras y de los megaproyectos agroindustriales, que traen como consecuencia el desarraigo y la destrucción de sus culturas.

No a las diferentes manifestaciones de racismo en contra de las personas y comunidades migrantes en todos los continentes y particularmente, en contra de las personas de Africa Negra y la comunidad latina en los Estados Unidos

No a la reproducción y el fortalecimiento de un sistema patriarcal que, en el contexto de la feminización de las migraciones, profundiza aun más la asimetría de género ya existentes, y se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otros, en condiciones de esclavitud.

No a los proyectos que estigmatizan, segmentan y excluyen a las personas migrantes y sus familias y deterioran el tejido social comunitario y organizativo. Rechazamos la pretensión de transformar las remesas en sustituto de políticas estatales de desarrollo en los países de origen y en refuerzo al circuito financiero del capital, ampliando aún más las históricas asimetrías sociales, políticas, económicas y culturales.

No al discurso mediático convencional que desde los estereotipos, refuerza la criminalización y la victimización de las personas migrantes como discurso hegemónico; a la xenofobia, la discriminación y el racismo que se propaga desde ellos y que acrecienta esas conductas y prácticas en las sociedades y países de tránsito y destino de personas migrantes.

No a la globalización capitalista, neoliberal, concentradora y excluyente, depredadora del ser humano y de la naturaleza y que en su conjunto representa la causa fundamental de las migraciones contemporáneas.

Nuestros Derechos

Somos sujetos que nos hacemos cargo de procesos; analizamos e interpretamos la compleja realidad del hecho migratorio, desde el lugar del ser humano, su dignidad y la integralidad de nuestros derechos humanos; imaginamos y ponemos en marcha iniciativas múltiples y diversas y apostamos por nuestro protagonismo histórico, por la construcción de otra realidad:

En las condiciones actuales del capitalismo mundial, las personas migrantes somos una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países. Situación que se profundiza por la sincronía de una crisis mundial, multidimensional: económica, ambiental, alimentaria y energética.

La construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales, como la directiva europea de “la vergüenza”, y otras leyes públicas y disposiciones oficiales similares, son una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, elimina todos los derechos humanos. Para ello se recurre, además, a la externalización de fronteras, la internalización mental a través de la persecución, el hostigamiento y las deportaciones; las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana

Insistimos en que los acuerdos laborales bilaterales y regionales inspirados en el modelo filipino de programas temporales de trabajadores huésped que, al impedir el arraigo, anula cualquier posibilidad de reivindicar sus derechos, propiciando la sobreexplotación y deshumanización de las personas trabajadoras, cumplan plenamente con las obligaciones establecidas en los convenios 97 y 143 de la OIT; sin lo cual se profundiza el deterioro integral del Trabajo Humano, con pérdida de su valor salarial, social y jurídico, convirtiendo a las personas migrantes en mercancías.

Afirmamos la necesidad de defender, reivindicar, extender, frente al trabajo forzado, esclavo y precario, el trabajo digno para una vida digna, que integre libertad, igualdad de trato y contraprestaciones negociadas adecuadas para todas las personas trabajadoras.

Valoramos las iniciativas de economía solidaria que fortalecen el tejido asociativo y contribuyen a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas. Rechazamos su utilización como instrumento para negar el derecho a migrar.

Promovemos la ciudadanía universal y ratificamos el derecho de las personas a la libre movilidad como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por un mundo sin muros

Un mundo sin muros es una condición esencial para construir otro mundo posible; el cumplimiento pleno de los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una exigencia y nos compromete a continuar en nuestra lucha por los derechos de todas las personas migrantes.

Por ello exigimos:

- La firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias por parte de los Estados que no lo han hecho. Saludamos a los Estados que la han ratificado y demandamos adecuen su marco normativo nacional a las exigencias de la Convención. Saludamos el compromiso por parte de los gobiernos municipales iniciado por el gobierno de Rivas Vaciamadrid de trabajar en la campaña a favor de la ratificación.

- El establecimiento de un mandato o procedimiento especial dentro del sistema de la ONU para suplir los vacíos en los instrumentos existentes de protección de las personas migrantes, CMW (Comité de Trabajadores Migratorios), relator especial, ACNUR y el representante especial para las personas desplazadas internas.

- La derogación de la directiva de retorno de la UE, así como de todos los instrumentos legales que permiten la detención de migrantes en el mundo; el desmantelamiento del Frontex y de todos los dispositivos policiales y militares que securitizan las políticas migratorias y la fiscalización por parte de organizaciones sociales de los centros de internamiento, hasta su cierre definitivo.

- Que las fronteras del mundo dejen de ser espacios de impunidad en los que las personas migrantes son objeto de todo tipo de violaciones, crímenes y obligados a asumir riesgos que ponen en peligro su vida. Demandamos que los países de origen, tránsito y destino, asuman su responsabilidad para revertir esta situación.

- La regularización de todas las personas migrantes sin papeles en todo el mundo.

- El reconocimiento de otras formas de persecución y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas, garantizando que las solicitudes y los procedimientos cumplan con todo lo que prevé la ley y centren los derechos humanos de estos colectivos. Igualmente, demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.

- La denuncia de todos aquellos convenios de expulsión, generalmente impuestos a los Estados de origen o tránsito, que a menudo conllevan graves violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes.

- La anulación de los acuerdos y claúsulas de re-admisión y el cese de toda negociación de acuerdos de este tipo entre la Unión Europea y los países terceros y entre los países terceros.

- La promoción de las personas y comunidades migrantes para que se organicen, se rebelen, denuncien toda forma de dominación y explotación y hagan valer sus derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo.

- El cumplimiento de la legislación internacional que garantiza la protección adecuada de los niños y niñas que son parte importante de los flujos migratorios internacionales.

- La incorporación en nuestras luchas de la reivindicación de una justicia medio ambiental y el reconocimiento y protección jurídica de los refugiados que provoca el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, urgiendo un nuevo orden mundial que promueva la dignidad humana de todas las personas, en sintonía con las potencialidades de nuestro planeta tierra.

- La aplicación de políticas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades profundizando mecanismos de inclusión que no dependan de la situación administrativa de las personas migrantes; de políticas que integren, en los servicios públicos, la diversidad cultural de las personas migrantes en los servicios públicos; de políticas a largo plazo para la integración de los jóvenes y para el avance en la equiparación de derechos para los colectivos migrantes de LGTB y sus familias.

- El derecho al voto en el ámbito municipal y la participación activa en la definición de los planes locales de desarrollo y el respeto a la autonomía de las organizaciones y movimientos sociales, de tal manera que el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas migrantes sea efectivo.

- La participación política del migrante para incidir, tanto en la política interna como en la política externa, de un país de llegada, a favor de su país de origen, visibilizando los beneficios que las personas migrantes traen, constituyéndose en sujetos activos.

- La continuación del proceso de redacción colectiva de la Carta de los Migrantes así como la de todos aquellos procesos e iniciativas que signifiquen el fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes.

- La multiplicación y fortalecimiento de medios de comunicación democráticos, incluyentes que, desde las voces de las personas y comunidades migrantes, reflejen adecuadamente la complejidad de la migración.

Queremos recuperar la dimensión del sujeto humano, de la dignidad humana evitando que la lógica mercantil afecte nuestra relación como movimientos sociales. Asumir que nuestra identidad como migrantes, refugiados y desplazados no niega nuestras otras múltiples identidades y luchas.

Migrar no es un delito, delito son las causas que originan las migración. Levantemos nuestras voces, defendamos nuestros derechos, luchemos juntos por construir un mundo sin muros.

Rivas Vaciamadrid, septiembre 13 de 2008

III Foro Social Mundial de las Migraciones: Avances y Perspectivas

Luiz Bassegio y Luciane Udovic

ALAI AMLATINA, 17/09/2008, Sao Paulo.- Bajo el lema "nuestras voces, nuestros derechos, por un mundo sin muros", del 11 a 13 de septiembre tuvo lugar en Rivas-Vaciamadrid el III Foro Social Mundial de las Migraciones (III FSMM). El primero se realizó en Porto Alegre (2005), y el segundo en Rivas (2006). En su tercera edición, el FSMM se consolida como un importante espacio donde las personas migrantes y sus comunidades son sujetos sociales y protagonistas de su propia historia colectiva y mundial, constructores de la resistencia y de la construcción de alternativas.

En un balance rápido, merece destacar el espíritu de solidaridad que prevaleció en la preparación y realización del Foro. Con el ejemplo del II Foro, el hospedaje solidario se amplió y se consolidó como una de las formas más simple y bonita de mostrar al mundo que otra convivencia pacífica de respeto las diferencias y la interculturalidad es posible, necesaria y rica para la humanidad. Cerca de 300 familias acogieron los participantes en el hospedaje solidario. Y no se trataba de sólo dar un lugar para dormir. Las familias promovían momentos de convivencia familiar con los huéspedes: almuerzos, fiestas, paseos. También merece resaltar el aporte de los más de 500 voluntarios que trabajaron en la preparación y organización del evento. Con madrugadas de por medio, estos voluntarios y voluntarias corrían incansablemente para que todo estuviese perfecto, con espíritu de servicio y gratuidad.

El foro contó con la participación de más de tres mil personas, representantes de dos mil entidades y movimientos sociales. Un enorme trabajo logístico y organizativo abrigó cerca de 50 seminarios, talleres y otras actividades culturales. Cientos de personas pudieron participar con "becas", teniendo su pasaje, comida y hospedaje totalmente gratuitos. Fueron miles de migrantes protagonizando su propia historia.

En una escala mucho mayor y más organizada, el Foro contó además con una amplia cobertura de prensa. Se acreditaron más de noventa medios de comunicación social. El evento fue noticia diaria de radios, TVS y periódicos internacionales. La prensa alternativa alimentó a diario las redes de todo el mundo.

El clima de la Asamblea de los Movimientos Sociales también fue de fuerza y unidad en torno de algo mayor: un mundo sin fronteras. El espíritu era de ""Migrantes unidos, jamás serán vencidos". La declaración final de la asamblea aprobada por los participantes fue expresión de que es posible construir la unidad en la diversidad.

"Hoy, cuando conmemoramos los sesenta años de la Nakba palestina, los 20 años del inicio de las muertes en el Estrecho de Gibraltar, los 35 años del golpe militar contra el gobierno democrático de Salvador Allende; cuando esa misma legitimidad está gravemente amenazada en Bolivia", los participantes del Foro concluyen que una de las causas fundamentales de la migración forzada es la globalización capitalista, neoliberal, concentradora y excluyente. Depredadora del ser humano y de la naturaleza. Denuncia también las migraciones forzadas de los pueblos indígenas como resultado de la expropiación de sus tierras y de los mega-proyectos agro-industriales, que tiene como consecuencias la destrucción de sus culturas. Fue unánime el repudio al modelo de criminalización de las migraciones que tanto Europa como los demás países ricos están adoptando contra los inmigrantes. Para poder expulsar a las personas a través de la Directiva de Retorno - popularmente conocida como la Directiva de la Vergüenza- la migración irregular pasa a ser considerada como crimen, justificándose así las detenciones, las cárceles arbitrarias y las deportaciones.

También habían fueron denunciados los centros de internamiento, verdaderas cárceles donde los inmigrantes ni siquiera tienen acceso a los derechos. El foro exige el cierre de todos ellos. En el mismo tono fue condenada la externalización de las fronteras, es decir, el sistema de control que los países ricos ponen en los países de origen de las migraciones: sea en aeropuertos, en la dificultad de conseguirse visas, en los centros de internamiento en los países de origen, en los muros reales o virtuales, en las legislaciones restrictivas, en los sistemas de vigilancia, muchos con patrullas armadas etc.

Derecho de ir y venir

El gobierno español negó más de 40 visas para personas que participarían del III Foro. Fueron delegados de Senegal, Ecuador, Honduras, Perú, entre otros. Quien sintió en su piel todo el sufrimiento y prejuicio que sufre el migrante que busca trabajo y dignidad en otras tierras, fue la coordinadora del Grito de los Excluidos/as de Panamá, la compañera Larissa Duarte. Detenida en el aeropuerto de Madrid, bajo la alegación de que la carta invitación del Foro no tenía valor algún, fue detenida y pasó la noche junto con otros detenidos en la celda del aeropuerto. A diferencia de los otros encarcelados que ciertamente serían deportados, como regularmente acontece, el caso de Larissa ganó proporciones gigantescas en los medios de difusión, en el Foro y en la comunidad española. Al día siguiente la policía española aceptó la carta de la compañera que puede contar al mundo los dramas vividos por las personas que quedan presa en el aeropuerto.

Fenómeno Mundial

Los debates del Foro apuntan a la mundialización de las migraciones. La migración es un fenómeno mundial y, por lo tanto, las soluciones no pueden ser solamente bilaterales, entre países. Deben ser globales.

Los migrantes son personas sujetos de derechos y no pueden ser tratados como mercancías, como moneda de cambio y deben tener los derechos reconocidos dondequiera que se encuentren. La diversidad de razas, etnias, países, la perspectiva de género y la variada gama de entidades y movimientos sociales, fue una de las marcas de este Foro.

Los debates que se desarrollaron en las mesas temáticas, los talleres y seminarios y que culminaron con la realización de la asamblea de los movimientos sociales y en la elaboración de la Segunda Declaración de Rivas, por consenso, se dieron de forma consciente y responsable.

El Foro mostró además hay una relación muy fuerte entre migraciones y medio ambiente. Señaló que se hace necesario un nuevo orden mundial que promueva la dignidad de todas las personas humanas, en sintonía con las potencialidades de nuestro planeta tierra.

Otro mundo posible

El Foro demanda a los gobernantes que firmen, ratifiquen y pongan en práctica la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias como también la necesidad de tener un procedimiento o un órgano que defienda y proteja a los migrantes, así como los refugiados tiene su estatuto propio;

- La derogación de la Directiva de Retorno y el cierre de todos los Centros de internamiento de Inmigrantes;

- Promover para que las personas y las comunidades de inmigrantes se organicen, se rebelen, denuncien todas las formas de dominación, de explotación y exijan los sus derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo;

- Exigir el derecho al voto en el ámbito municipal y la participación activa en la definición de los proyectos de desarrollo local así como el respeto a la autonomía de los movimientos sociales y la participación política para incidir, tanto en la política interna como en la externa, de un país de llegada, en favor de su país de origen.

Marcha de los Movimientos Sociales

"Contra el modelo neoliberal, no a los muros y por la ciudadanía universal". Este fue uno de los muchos eslóganes que se oyeron en la marcha que cerró el III Foro Social Mundial de las Migraciones, el 14 de septiembre. Cerca de cinco mil personas recorrieron las calles de Madrid reforzando la necesidad de derrumbar muros y construir puentes. Bajo el lema "nuestras voces, nuestros derechos, por un mundo sin muros, una sola voz, un solo grito fue oído en las calles de Madrid: "En el sur somos explotados y en el norte expulsados;" "Ningún ser humano es ilegal, ciudadanía universal".

Una gran tela ilustrando los diversos muros levantados contra los migrantes abría la marcha: los muros de Estados Unidos, del norte de África y de Israel. Al final, otra gran tela, en nombre de los varios muros que impiden el derecho de ir y venir del migrante, impedía la entrada de la marcha en la Plaza Reina Sofia. En un gesto de fuerza y unidad, presente en todo el Foro, los marchantes derrumbaron la tela y tomaron la plaza para presentar al mundo la Segunda Declaración de Rivas que propone un mundo sin muros, como condición esencial para construirse otro mundo posible. Migrar no es un crimen, crimen son las causas que obligan a las personas a migrar. EL IV Foro Social Mundial de las Migraciones se realizará del 8 al 10 de octubre de 2010, en Ecuador. (traducción ALAI)